'Vengan al humedal a ver si estamos locos' | HOY

'Vengan al humedal a ver si estamos locos' |  HOY
Un excelente reportaje del periodista Roberto Aguilar.


Con el rostro perlado de sudor, las brillantes gotitas resbalando por el bozo en proyección hacia el labio superior, el viceministro de Minas, Federico Auquilla, se explica ante los periodistas: "la minería y el turismo -sorprende- pueden convivir sin ningún problema". Está a punto de comenzar su comparecencia ante la Corte Constitucional, donde se tramita una demanda contra el ministerio de Recursos No Renovables por incumplimiento del Mandato Minero. Para darse confianza, se declara amigo de la naturaleza y defensor del agua.

Empieza la audiencia, que presiden los jueces Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina. Junto al viceministro, el abogado Caupolicán Ochoa, que asesoró a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y sabe, en consecuencia, todas las técnicas jurídicas para bloquear un proceso. Cuencanos los dos, cuchichean como viejos conocidos.

Al frente, en la mesa reservada para la parte acusadora, están los dirigentes azuayos Carlos Pérez Guartambel, de la Unagua, y Leonardo López, de la FOA. Con ellos, el constitucionalista Julio César Trujillo, veterano de mil batallas, que a su edad no se sorprende de nada. Ni siquiera de las proclamas ecologistas de Auquilla. En su respaldo han llegado líderes comunitarios, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y el dirigente shuar Pepe Acacho, con su tawasap de plumas, entre otros.

¿Incumplió el Ministerio de Recursos No Renovables con el Mandato sexto de la Asamblea Constituyente, conocido como Mandato Minero, que dispone, entre otras cosas, la extinción de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento? Eso es lo que tienen que determinar los jueces. Los demandantes presentan una pila de documentos que certifican que muchas de esas concesiones se encuentran ubicadas en el origen de varias fuentes de agua, incluso en humedales de las alturas andinas, zonas de amortiguamiento por excelencia.

Es el caso de Quimsacocha, en la provincia del Azuay. Leonardo López se encarga de las explicaciones técnicas que son, básicamente, una clase magistral de hidrografía. Habla de quebradas, vertientes y ríos. Explica cómo nace uno, en qué lugar vierte sus aguas el otro, de dónde viene éste, hacia dónde fluye aquel. "Todo ese humedal es Quimsacocha -concluye- y la lluvia cae en toda la superficie, no sólo en las lagunitas". Buena parte del agua potable de la ciudad de Cuenca fluye desde ahí.

Mientras tiene lugar esta explicación importantísima para los asuntos que aquí se tratan, la juez Wendy Molina se preocupa por salir bien en las fotos que una funcionaria de la Corte Constitucional ensaya desde diferentes ángulos. Posa sin disimulo, pendiente siempre de la cámara. "Ese es el origen del Yanuncay", dice López. "Click, click", dice la cámara. La magistrada hace ojitos a la fotógrafa, pidiéndole otra toma. Click, click. "De otro lado, la quebrada de Caloacay...", click, click, "el río Irqui...", click, click, "el Patate...", click. Ya está. La sesión fotográfica ha terminado y la juez Molina se perdió la explicación.

Carlos Pérez toma la palabra y sorprende a todo el mundo con una propuesta inesperada: "solicito a los jueces una inspección in situ para que comprueben la ubicación de las concesiones mineras con respecto a las fuentes de agua. A ver si estamos locos".

Contra lo que podía esperarse, la argumentación de la defensa no tiene nada que ver con ríos ni con minas. Al contrario, es un abstracto recorrido por los resquicios legales más recónditos que Caupolicán Ochoa conoce a la perfección. Wendy Molina atiende con aplicación y toma nota con disciplina mientras el abogado explica por qué los demandantes están inhabilitados para proponer la acción jurídica que están proponiendo y por qué la demanda no debió ser admitida a trámite siquiera. Además, entera a los presentes sobre la no vigencia del Mandato Minero. Este dejó de regir, dice, en cuanto se aprobó la Ley de Minería.

Julio César Trujillo sigue las evoluciones de este discurso con respetuosa atención, dando pequeñas cabezadas. Por momentos, el rostro se le ilumina por una sonrisa imperceptible, como si en su fuero interno prefigurara una respuesta para todo lo que escucha.

El viejo constitucionalista es el último en hablar. "¿De cuánto tiempo dispongo?", pregunta. "Quince minutos, doctor", responde el juez Viteri Olvera. Y él: "necesito menos". En efecto: la larga argumentación sobre la inadmisibilidad de la demanda es enterrada por Trujillo en cuatro frases que pueden resumirse en una: eso debió impugnarse a su debido tiempo; ahora es tarde.

En cuanto a la no vigencia del Mandato Minero, Trujillo recordó que este no es un texto jurídico sino administrativo, cuya ejecución debió ser inmediata. No lo fue, así que la acción por incumplimiento está justificada.

Salen las partes sin intercambiar palabra. El juez se aproxima a Carlos Pérez y le pregunta "a qué se refería el doctor Trujillo". "A la inadmisibilidad de la demanda", responde con sorpresa. Claramente, no sólo la juez Molina tiene problemas de atención.

El caso entra en receso. Los jueces viajarán a Quimsacocha y redactarán un informe.