41 NUEVOS POZOS EN SUCUMBÍOS, MÁS CONTAMINACIÓN

41 NUEVOS POZOS EN SUCUMBÍOS, MÁS CONTAMINACIÓN

El día viernes 20 de julio desde las 15h00 se desarrolló en la comunidad de San Vicente (en la parroquia rural de Pacayacu, dentro del cantón Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos) una reunión convocada por el Ministerio de Ambiente y la empresa estatal Petroecuador, con la participación de Petroamazonas y la consultora Entrix, para informar a las comunidades que serán afectadas por la perforación de cuarenta y un nuevos pozos en los campos Atacapi, Pacayacu, Secoya, Shuara y Shushuqui, y la ampliación de plataformas y oleoductos en el área Libertador. En otras palabras, aumentar los riesgos de mayor contaminación.
El Ing. Galo Rodríguez, de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR, hizo la apertura de la reunión. Para Petroecuador, esta reunión significaba cumplir con el Decreto 1040, que pretende ser un reglamento de participación social. Pero interrumpí su intervención, planteando la problemática ambiental y social que sufren las comunidades, debido a la permanente contaminación y que, por lo tanto, no se puede permitir la apertura de más pozos petroleros.
Siguieron numerosas intervenciones de los representantes comunitarios que denunciaban la contaminación del agua, los suelos, el aire, las enfermedades, los problemas económicos y sociales, las mentiras y engaños de funcionarios de la empresa petrolera.
EL Supervisor de Petroamazonas, Guillermo Molina, se vio forzado a responder a esa marea de problemas y posiciones de los afectados, manifestando que Petroamazonas era diferente, pues trabaja con estándares internacionales, y ofreció llevar delegaciones de afectados a los lugares donde están explotando petróleo, para que verifiquen los cambios, y que inclusive están haciendo ciudades del milenio.
Las denuncias recayeron sobre PETROECUADOR y el Ministerio de Ambiente y su delegado, Roberto Troya, quien por estar menos de un año en esta provincia, tiene un gran desconocimiento y falta de comprensión de la problemática socio-ambiental de la zona.
Hubo más malestar cuando, al discutir sobre el estado del agua, la representante de Entrix manifestó que en los análisis de agua que hizo la consultora no encontró contaminación, que todo estaba bajo los parámetros legales. Más todavía cuando Roberto Troya aseguró que en los análisis de agua realizados por el MAE sólo encontró ciertos metales pesados y, la mayor parte, residuos fecales.
En teoría, el Ministerio de Ambiente y Petroecuador tienen el programa de reparación integral de la microcuenca del río Pacayacu; sin embargo, las comunidades no ven solucionados sus problemas.
Las organizaciones sociales y ecológicas a nivel local y nacional estamos dispuestos a buscarle y darle una salida a esta problemática, pero nos preguntamos con quién, cuáles son las instituciones del Estado que no se subordinan a la  política petrolera? ¿de qué nos sirven las Leyes y reglamentos si son impuestas y son inconstitucionales? ¿Cómo hacer prevalecer la Constitución de 2008 y nuestros derechos? ¿Qué hacer ante una política extractivista que no prioriza la vida humana y la de la naturaleza?

Wilson Suárez.
Reportero Popular.