al pueblo ecuatoriano,
a las organizaciones sociales internacionales,
a la opinión pública internacional.
El Estado ecuatoriano acaba de sentenciar a los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant a DOCE años de prisión por sabotaje y terrorismo.
El movimiento indígena ha denunciado constantemente la situación de una sistemática violación de los Derechos Humanos y la criminalización de la protesta social. Pero no hemos sido sólo nosotros; esta denuncia también es ratificada por organismos internacionales. De la misma manera, el veedor internacional a la reestructuración de la Administración de Justicia del Ecuador, Baltazar Garzón, evidenció en su informe la incompatibilidad de las leyes ecuatorianas con lo vigente en el Derecho Internacional respecto a los delitos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”, y que la función judicial está utilizando para enjuiciar a dirigentes sociales y críticos del actual Gobierno ecuatoriano.
Los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant NO han cometido delito de sabotaje y terrorismo. Los compañeros no actuaron por iniciativa personal; ellos cumplían un mandato de las organizaciones de los pueblos y las nacionalidades indias. Tampoco se movilizaron -ni ellos ni el movimiento indio- con la finalidad de destruir bienes públicos o derrocar al Gobierno. Los objetivos públicos de la movilización fueron: defender los territorios comunitarios de la destrucción ocasionada por las empresas transnacionales petroleras y mineras, y exigir una Ley de Aguas que desprivatice y redistribuya el recurso hídrico.
Sólo las dictaduras más violentas y los gobiernos más neoliberales han considerado estas luchas como delitos.
Ecuatorianos y ecuatorianas:
¿Ustedes creen que este proceso judicial y la sentencia a 12 años de prisión contra dirigentes sociales se da por iniciativa de un poder judicial independiente?
¿Acaso se trata de una causa justa apegada estrictamente conforme a derecho?
El Gobierno ecuatoriano, para justificar la criminalización de la protesta social, repite que “se persiguen delitos, y no a personas”. ¿Acaso hemos visto algún banquero o ex funcionario público responsable del feriado bancario juzgado o preso? ¿Acaso algún exfuncionario de los gobiernos neoliberales, responsables de las privatizaciones, de la dolarización, de la infame e ilegitima deuda externa está preso? La respuesta obviamente es NO. En estos casi siete años de la llamada "revolución ciudadana" no hemos visto a ninguno de esos personajes presos; pero sí tenemos a dirigentes sociales que son críticos al régimen de Correa enjuiciados, sentenciados y presos; y no se ha reparado si son jóvenes, adolescentes, mujeres, ni se ha tomado en cuenta su trayectoria de vida. Basta con el hecho de que sean públicamente opositores al régimen.
El caso de los jóvenes estudiantes del Colegio Central Técnico de la ciudad de Quito muestra de manera descarnada la falta de independencia de la Función Judicial ecuatoriana. Los estudiantes fueron sobreseídos, porque la Justicia no pudo encontrar pruebas del delito de rebelión; pero el Presidente de la República de Ecuador exigió que se les vuelva a juzgar, y así lo hicieron. Consecuentemente, los jóvenes estudiantes fueron sentenciados.
¿Por qué se acusa y condena a dirigentes sociales? Porque es evidente que el principio del derecho no les importa en lo más mínimo. Lo que les importa es defender “la razón de Estado”, y para esto necesitan un grupo de víctimas en quienes hacer sentir y ejemplificar el peso del poder, de su poder. Asimismo, necesitan aniquilar cualquier oposición popular, porque les es necesario tener las manos libres para reacomodar las nuevas fuerzas de arriba; es decir, acordar alianzas entre las viejas y las nuevas oligarquías. Para eso, sólo necesitan ciudadanos votantes, electores. Los pueblos organizados les estorban; y, lo más grave: les causan miedo.
Como CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indias de Ecuador) rechazamos y denunciamos la condena judicial de los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant.
Nuestra lucha es por la construcción del Estado Plurinacional ecuatoriano, por la revolución agraria, por la desprivatización y la redistribución del agua; no sólo para los indios, sino para todos los ecuatorianos.
Y en este camino, la defensa de estos compañeros, y de todos los procesados y sentenciados, es parte de nuestra lucha.
Estos actos de violencia e injusticia contra nuestros dirigentes y contra nuestras organizaciones no nos detendrán. Más bien nos retan a seguir con mayor ahínco el camino hacia la unidad.
Por el Consejo de Gobierno
Humberto Cholango
PRESIDENTE
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"Así es" en lengua aymara.
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