Prohibido olvidar.
"El caso del Estado contra los de Luluncoto hace agua."
Artículo periodístico del Diario HOY del jueves 24 de enero de 2013.
Vargas, director de la ULCO, y Viera, su analista principal, encabezaron la operación policial denominada Sol Rojo, el pasado 3 de marzo, que consistió en el allanamiento de un departamento en el sector de Luluncoto (de la ciudad de Quito), donde se encontraban reunidos los acusados. Según los policías, la reunión era un cónclave secreto de la organización Grupo de Combatientes Populares (GCP), a la que responsabilizan de la colocación de cinco bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, entre noviembre y diciembre de 2011.
Toda la estrategia de la Fiscalía consiste en relacionar a los detenidos con el GCP. Las evidencias que la Policía dice haber recogido en el departamento de Luluncoto, donde no se encontraron armas ni explosivos, supuestamente apuntalan esta tesis. Se trata, básicamente, de pruebas documentales.
Sin embargo, en el transcurso de los interrogatorios a ambos testigos, estas evidencias tambalearon. Es el caso de la supuesta prueba de la vinculación al GCP de Royce Gómez, un odontólogo guayaquileño que fue la persona a quien la Policía siguió hasta Luluncoto, y constituye la punta del ovillo de todo el caso. Según la tesis de la Policía, recogida en la teoría del caso de la Fiscalía, su pertenencia al GCP se demuestra por haberse encontrado en su página de Facebook una ilustración del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que es la misma que se hallaba en los panfletos de una de las bombas de diciembre de 2011. Sin embargo, al abogado Ciro Guzmán le bastó con una elemental búsqueda en Google para demostrar que esa misma ilustración, con la consigna "No creo en Santos", se hallaba en cientos de páginas web.
Tampoco quedó claro el origen de algunas evidencias documentales -por ejemplo, los escritos atribuidos a Fadua Tapia- que no figuraron en el parte policial.
Incluso las certezas de la Policía sobre el GCP como responsable de las explosiones panfletarias, punto de partida de ambos testimonios, se fueron desdibujando. En efecto, quedó claro que, en algunas de esas explosiones, los panfletos no hacían referencia a este grupo, sino a un supuesto Ejército Guerrillero del Pueblo N15, que reivindicó otra explosión ocurrida en 2006. El coronel Vargas dijo que ese nombre es una fachada; pero tampoco pudo demostrarlo, y esta afirmación quedó registrada en actas, por petición del juez, como una opinión.
La evidencia de que en poder de los detenidos se encontró un documento sobre el 15 de noviembre de 1922 (15-N) no mereció ningún comentario.
En cuanto a evidencia directa, la Fiscalía no ha sido capaz de presentar ninguna. El abogado Ramiro García planteó una pregunta directa a ambos testigos: ¿Tiene evidencia de que alguno de los diez detenidos haya cometido algún delito? En ambos casos, la respuesta fue negativa. (RA)>
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